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Cláusulas sociales: competencia de las Juntas Generales de Álava para aprobar normas en materia de contratación pública

STS 23 de mayo de 2016, recurso 1383/2015

21/06/2016

La sentencia reseñada ha estimado el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de 4 de marzo de 2015 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y ha declarado nula la Norma Foral 1/2014 de 12 de febrero para la incorporación de Cláusulas Sociales en los contratos de obra del Sector Público Foral.

El núcleo de la sentencia radica en determinar el carácter normativo o no de la disposición impugnada. El Tribunal Supremo concluye que ésta tiene naturaleza normativa, dados los siguientes argumentos:

En primer lugar, es clara la eficacia extramuros de la propia organización foral, dada su influencia material sobre el desarrollo de los contratos y sobre los propios contratistas que pueden incluso llegar a ser sancionados por su incumplimiento.

En segundo lugar, los pliegos de cláusulas administrativas generales, como tales pliegos, no son normas jurídicas, sino actos administrativos, que pueden ser impugnados por los licitadores en vía administrativa ante los Tribunales de contratación mediante el recurso especial en materia de contratación (artículo 40 .2 .a), mientras que la Norma Foral, como norma reglamentaria, sólo puede ser impugnada en vía contencioso-administrativa (art. 107 LRPJAC).

En tercer lugar, los pliegos de cláusulas generales exigen dictamen preceptivo previo del Consejo de Estado o del órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma (art. 114.3 LRJPAC), trámite que no exige la Norma Foral.

En cuarto lugar, los órganos de contratación pueden establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares cláusulas contrarias al pliego general, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación (art. 115 .5 LCSP). En cambio, no cabe dicha posibilidad si las cláusulas vienen impuestas por una norma jurídica, como una norma Foral, con consecuencias sancionadoras en caso de incumplimiento añadimos nosotros.

En consecuencia el Tribunal concluye que al encontrarnos ante una disposición de carácter general la normativa que se contiene en la disposición objeto de recurso no es una simple aplicación de la normativa contractual por parte de las Juntas Forales de Álava sino ante un desarrollo de la legislación básica del Estado para lo que la competencia corresponde exclusivamente a la Comunidad Autónoma, de conformidad con el artículo 11. 1.b del Estatuto de Autonomía del País Vasco, en tanto que los Territorios Históricos sólo tiene competencia para desarrollar la legislación básica del Estado en aquellas materias que tienen competencia exclusiva, con exclusión competencial de la Comunidad Autónoma, artículo 7.d Ley 27/1983 de Territorios Históricos y Disposición Adicional Segunda de la LBRL.

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